17 Mar El Gobierno aprueba que todos los afectados por un ERTE tengan paro y moratorias en el pago de las hipotecas
Para que el impacto económico provocado por el coronavirus “venga seguido de una recuperación, debemos ser contundentes, con la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia”, ha señalado el presidente del Gobierno. Una “movilización colosal de recursos públicos” que implicará la movilización de hasta “200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB”. De esa cantidad, “117.000 millones serán íntegramente públicos”, mientras que los 83.000 millones restantes corresponderá a la “movilización de recursos privados”.
Blindaje a las empresas del Ibex
El desplome bursátil provocado por el coronavirus ha provocado un fuerte descenso en la capitalización bursátil de las empresas del Ibex 35. Para blindar a las cotizadas del selectivo español el Ejecutivo ha “reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos”, tal y como ha anunciado hoy Sánchez.
De esta manera, se intenta evitar que compañías extranjeras aprovechen la “caída coyuntural” del valor de las acciones de estas compañías “en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros”.
Medidas sin precedentes
Pedro Sánchez ha destacado que “estas medidas no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país”, que se tata de medidas extraordinarias para afrontar “días muy duros” que están por venir. “No vamos a dejar a nadie atrás. El estado va a asumir este choque”. Por eso “17.000 millones van destinados a colectivos muy vulnerables”. El presidente del Gobierno ha incidido en que “este frenazo en seco de la economía española es coyuntural y temporal. Después tendremos que afrontar la recuperación económica”. Para que el tejido empresarial pueda afrontar con garantías ese momento de la recuperación económica, el Gobierno ha puesto en marcha el siguiente paquete de medidas.
Paro para todos los afectados por ERTE
El plan del Ejecutivo recoge una medida para los empleados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.
Se reconoce el derecho a cobrar el paro a “las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello”.
Junto a esto, no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo “a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos”.
Además, el cobro de la prestación tendrá carácter retroactivo.
Moratoria de hipotecas
Por otra parte, el Gobierno ha acordado aprobar una moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas personas que se hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por el coronavirus.
Esta medida, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, ha sido propuestas por Unidas Podemos, que desde la semana pasada está presionando al PSOE para adoptar medidas económicas con el mayor alcance posible.
Los ERTE se resolverán en un plazo máximo de 7 días
Todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato o reducción de jornada se considerarán de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días.
Concretamente, tendrán consideración de fuerza mayor todos los ERTE que tengan “causa directa” en la pérdida de negocio por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por contagio de la plantilla o por medidas de aislamiento preventivo.
En estos casos, las empresas tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que explique las circunstancias que le han llevado a presentar el ERTE, que será resuelto por la autoridad laboral en un plazo máximo de siete días.
Derecho a reducción de jornada por cuidado
También reconoce a todos los trabajadores, que acrediten deberes de cuidado a raíz de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas por el coronavirus, el derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma.
Entre las circunstancias excepcionales que pueden justificar estos cambios están el cierre de centros educativos o residencias o la ausencia de quien se encargaba hasta ahora del cuidado de menores o dependientes.
La reducción de jornada, añaden, no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción.
No se establece, en principio, la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.
Cotizaciones y ampliación de plazos
Otras de las medidas que se barajan y que está por confirmar es la suspensión temporal del pago de cotizaciones a la Seguridad social para empresas, autónomos y trabajadores. En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado a EXPANSIÓN que se aplaza sine die el real decreto que ley para aumentar las bases de cotización, que estaba estudiando el Ejecutivo, dadas las circunstancias. Hay que recordar que en esta ley se incluyen tanto las bases mínimas, que aunque están condicionadas al Salario Mínimo Profesional necesitan una norma posterior, como las máximas y las de autónomos. El Gobierno quería elevar las bases de cotización, pero, de momento, esta medida queda paralizada.
Línea de avales
A su vez, el Gobierno está barajando establecer una línea de avales para ayudar a las empresas ante el impacto del coronavirus en sus negocios y, para el colectivo de autónomos, agilizar la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos. Aunque ya se ha aprobado el aplazamiento de las cotizaciones podrían llegar a anularse durante el periodo que dure el Estado de alarma.
Cabe recordar que las personas en aislamiento preventivo por razón de contagio del Covid-19 se considerasen en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo, según aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros.
También se aprobará un cambio normativo para ampliar los plazos en los procedimientos tributarios de los contribuyentes, según informó la Agencia Tributaria, que será flexible y no considerará los incumplimientos de trámites pendientes.
Entre tanto, ya ha finalizado el trámite de consulta pública para los nuevos impuestos que gravarán el uso del transporte aéreo y los artículos de plástico de un solo uso, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado a Europa Press que ahora se está priorizando la implementación de medidas para luchar contra el virus.
No obstante, se mantiene la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, tal y como indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Inyección de 18.225 millones
Las medidas de este martes se sumarán a las del real decreto-ley aprobado el pasado jueves con las primeras del plan de choque contemplaba la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluye el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con tres meses de carencia, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.
Para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), los trabajadores en aislamiento continuarán percibiendo el 100% de sus retribuciones y se permitirán modalidades de trabajo no presencial y se flexibilizará el teletrabajo para los padres. A su vez, la norma agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios.
Asimismo, se habilita a Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones presupuestarias con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria por parte del Estado.
Créditos para el sector turístico y bonificaciones de fijos discontinuos
Además, se dota una línea específica de crédito del ICO de 400 millones de euros destinada a empresas y autónomos del sector turístico y se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa puedan aplazar su reembolso.
También se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con un coste estimado de 45 millones de euros.
Devolución de billetes de Renfe
Asimismo, se facilita que las aerolíneas no tengan que utilizar un mínimo de slots determinado para conservarlos, lo que será de “gran alivio” para las aerolíneas, aunque esta medida requerirá de autorización por las autoridades europeas.
En paralelo, Renfe permite desde este lunes que los viajeros cambien para otra fecha o anulen sin coste alguno los billetes de tren que tengan adquiridos. Además, también se aprobó el pasado martes la suspensión de todos los viajes del programa de Turismo Social del Imserso durante un mes.
Para combatir la enfermedad también transfieren 2.800 millones de euros a las CCAA para el Sistema de Salud Pública, como adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica. Se moviliza en torno a 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia de los PGE destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.
En cuanto a las medidas de atención directa a las familias, se aprueba una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas y se flexibilizará la obtención de becas-comedor para hacerla efectiva incluso en los colegios cerrados.
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